Nuevamente el gobierno nacional enfila sus baterías en contra de las organizaciones no gubernamentales y principalmente contra las que se encargan de la defensa de los derechos humanos.
Aunado a las constantes descalificaciones públicas y amenazas que diariamente altos representantes del estado vienen haciendo en contra de las y los defensores de derechos humanos, ahora se pretende aprobar una Ley de Cooperación Internacional, con el fin principal de limitar y en algunos casos desaparecer a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las amenazas de una ley de cooperación internacional se iniciaron en el año 2006 cuando fue aprobado en primera discusión el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional por la Asamblea Nacional ante una propuesta del oficialismo, esta aprobación creo grandes preocupaciones a la comunidad nacional e internacional por las grandes limitaciones que en el mismo se imponían contra el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.
Esta discusión se revivió en el año 2010 pero igualmente fue diferida la misma, este año, el 07 de octubre del 2015, el Presidente de la Asamblea Nacional, en su programa televisivo semanal en el marco de varias acusaciones contra reconocidos defensores de derechos humanos, hizo pública su solicitud a la Asamblea Nacional de retomar, desempolvar, y trabajar la ley de Cooperación Internacional.
El 21 de octubre de 2015 la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional presentó el Informe sobre el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, con lo cual el mismo quedaría listo para su aprobación en Segunda Discusión. Este Informe fue presentado al Presidente de la Asamblea Nacional el 30 de octubre de 2015. La Asamblea Nacional el martes 3 de noviembre de 2015 incluyó en su agenda del día, la Segunda discusión el Proyecto de la Ley de Cooperación Internacional. No obstante, esta discusión fue diferida para el próximo martes 10 de noviembre de 2015, fecha en que no hubo sesión en la Asamblea Nacional por lo que desconocemos, al momento de escribir esta nota, en qué fecha se realizara la segunda discusión de la Ley de Cooperación Internacional.
Al revisar el texto que va a ser sometido a discusión por la Asamblea Nacional en los próximos días, entre otras cosas establece “Las áreas de la cooperación internacional serán las establecidas en los Planes Nacionales y abarcarán preferentemente los sectores educativo, cultural, científico, tecnológico, social, económico, ambiental y financiero”, como vemos, ya de entrada el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional excluye de sus áreas de cooperación el tema de derechos humanos.
Por otra parte en el mismo proyecto podemos ver “Se crea el Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, sin personalidad jurídica y como cuenta especial del órgano desconcentrado para la Cooperación Internacional”. “El Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional tendrá como finalidad financiar, conforme a las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, los programas, proyectos, acciones de cooperación técnica y científica, financiera no reembolsable, asistencia internacional y demás actividades que realice la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito de la cooperación internacional”. Es claro del análisis de este texto que el gobierno nacional pretende a través de esta ley, tener el monopolio de los recursos que asignen los organismos internacionales para apoyar el trabajo de organizaciones en Venezuela, pretendiendo entre muchas cosas ser ellos los que manejen los recursos y decidan a quien se les asigna y a quienes no, buscan asumir el control total del trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales y ser el gobierno nacional quien decida cómo y qué debemos hacer en nuestro trabajo.
Es claro que la búsqueda del gobierno nacional es ahorcar a las organizaciones no gubernamentales y básicamente las de derechos humanos, que al parecer son a las que se les tiene la guerra declarada, una clara manera de que el mundo no se entere de las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela.
En días recientes Guadalupe Marengo, Directora Adjunta del Programa de las Américas de Amnistía Internacional dijo “Exigir que las organizaciones de la sociedad civil alineen su trabajo a criterios establecidos discrecionalmente por el presidente para acceder a recursos de la cooperación internacional es una forma clara, e inaceptable, de coartar su independencia y prevenir que continúen sus labores”, “Limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil de esta forma es una manera de limitar la protección de todos los derechos humanos, tanto de los civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales.” “El proyecto de ley es un nuevo ejemplo de la clara falta de respeto de las autoridades hacia la labor de quienes defienden los derechos humanos. En lugar de continuar intentando limitar su labor, las autoridades deben alentar su trabajo y participación en la esfera pública,”
Por otra parte la organización venezolana COFAVIC recientemente manifestó “Consideramos que no debe dictarse una ley con las características del proyecto, o, de avanzarse en el dictado de nueva legislación, ella debe ser enteramente acorde con un instrumento internacional esencial sobre la materia, como es la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, que fuera aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución 53/144 el 9 de diciembre de 1998, y que suele referirse como la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de los Derechos Humanos”
Por ahora la última palabra la tendrá la Asamblea Nacional, que en esta guerra que desde diferentes instancias del gobierno nacional tienen contra las y los defensores de derechos humanos y sus organizaciones, decidirá sobre el destino de esta norma.
* Carlos A Nieto Palma Diario “El Nacional” el 13/11/15 http://www.el-nacional.com/
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