Caracas17junio2013 El primer
viaje oficial que realiza el Presidente Nicolás Maduro a Europa lo hace al
estado vaticano para reunirse con el líder de la jerarquía católica Jorge Mario
Bergoglio, papa Francisco.
Maduro, llegó acompañado
por Cilia Flores, y una delegación que incluyó al canciller Elías
Jaua, a los ministros de Planificación y del Petróleo, al subsecretario de la
presidencia y al jefe del Estado Mayor del Ejército entre otros.
Según fuentes oficiales
ambos líderes trataron temas relacionados a los problemas de Venezuela, como
"la pobreza, la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico", así
como "la situación social y política". Durante la reunión
Bergoglio hizo referencia a la presencia histórica de la Iglesia Católica en el
país y "a su decisivo aporte en los ámbitos de la caridad, de la
asistencia sanitaria y de la educación".
Nos resulta positivo
que se dé ese tipo de diálogo entre ambos mandatarios, sin embargo no podemos
dejar de señalar que el Presidente Maduro debe garantizar, por encima de los
acuerdos diplomáticos y políticos el carácter de Estado Laico que debe regir a
nuestro país, dando cumplimiento a lo establecido en nuestra Carta Magna que en
su artículo 59º no solo se reconoce la libertad religiosa, sino que se deja por sentado que persona alguna no
pueda invocar sus creencias o disciplinas religiosas para eludir el
cumplimiento de la ley ni impedir a otro/a el ejercicio de sus derechos.
Yonatan Matheus, Director
de Venezuela Diversa expresa que sería “insostenible
que en un Estado que defiende la preeminencia de los derechos, la justicia social y cuente con una democracia
participativa y protagónica se siga utilizando argumentos, símbolos religiosos
o dogmas de fe, aun cuando son creídos por las/os ciudadanos/as, para imponérselos
como decisión política al resto de la sociedad que no los comparte”
Cabe señalar que la participación e influencia ejercida por la iglesia católica
y demás corrientes fundamentalistas religiosas en nuestro país han jugado y
juegan un papel negativo para detener y retrasar los avances legislativos y
sociales principalmente en materias vinculados a la sexualidad humana, derechos
sexuales y derechos reproductivos, el reconocimiento de los Derechos Humanos de
las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales, el matrimonio
igualitario, la interrupción del embarazo, la igualdad y equidad de género entre
otros, sobre los cuales aun nuestros poderes públicos tienen una deuda social a
la que deben responder y que son libertades trascendentales de las personas
que conllevan derechos ciudadanos y compromisos estatales para su ejercicio.
Matheus indico que “todos/as aquellos/os que poseen un cargo de
elección popular nutren su legitimidad democrática del consentimiento del
pueblo y no de la ostentación de creencia religiosa alguna. Por ello deben
tener presente que la constitución es la norma suprema y el fundamento del
ordenamiento jurídico, por ello no se puede seguir dando cabida a la religión y/o fundamentalismo
religiosos que buscan los privilegios tributarios o privilegios de cualquier índole,
así como poder en el sector económico y educativo de la vida nacional para
imponer sus ideas dogmáticas o creencias religiosas.
Finalmente acoto Matheus “Resulta de suma importancia que el Gobierno
Bolivariano, a la luz del nuevo
ordenamiento jurídico constitucional, revisara el llamado Concordato entre el
Vaticano y el Estado Venezolano firmado el 6 de marzo de 1964 donde se otorgan privilegios económicos a la jerarquía católica
y prerrogativas que se les niegan a otras religiones iguales derechos según la
Constitución y que dicho acuerdo sea sometido posteriormente a la voluntad
popular por medio de referéndum consultivo”.
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