La libertad es unos de los logros más importantes que cada ciudadano/na puede conquistar y que está contemplada en los principios fundamentales de nuestra carta magna en su artículo segundo que junto a otros valores supremos han de regir y encaminar el desarrollo de la sociedad venezolana.
El desarrollo de la sociedad debe expresarse en nuevas políticas vertientes de la libertad: de conciencia, de pensamiento, de expresión política, de tránsito, de asociación, de elección, de orientación sexual, de identidad de género, de culto entre otras…y todas estas corrientes de la libertad que convergen en la laicidad.
El término laico es muy cercano al de “soberanía popular” y no se opone a lo religioso sino a lo teocrático -gobierno en nombre de Dios- y al autoritarismo de los diferentes dogmas de fe que intentan imponer los fundamentalistas religiosos como verdades universales para todos/as.
Ser “laico” muestra un punto de vista, una posición que se basa en independencia de toda creencia religiosa. De aquí surge más que nunca la necesidad de avanzar como un “estado laico”, lo que implica que las religiones se sometan a las leyes comunes, en ese sentido es importante revisar los privilegios tributarios, educativos y la influencia negativa que estas tienen con sus dogmas en los avances legislativos y sociales propuestos en los últimos años, donde la participación de la jerarquía de la iglesia católica y los demás fundamentalista religiosos inmersos en todos los órganos de Poder Público Nacional retrasan, suprimen y restringen la inclusión social de diversos sectores, históricamente marginados, discriminados y sometidos a sus intereses.
Un estado laico no debe reconocer a ninguna religión, son los creyentes los que deben hacerlo y por ello el artículo 59 de la constitución nacional reconoce la libertad religiosa, sin que ello implique, por supuesto que persona alguna pueda invocar sus creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni impedir a otro/a el ejercicio de sus derechos.
Consideramos que este principio debe ser tenido muy en cuenta por los diputados/as de la Asamblea Nacional a la hora de legislar, principalmente en materias vinculados a la sexualidad humana, derechos sexuales y derechos reproductivos, el reconocimiento de los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, las relaciones de parejas, las diversas formas de familia sean parentales, homoparentales, monoparentales, nucleares, la igualdad y equidad de género, entre otros temas sobre los cuales aun nuestros poderes públicos tienen una deuda social a la que deben responder y que son libertades trascendentales de las personas que conllevan derechos ciudadanos y compromisos estatales para su ejercicio…
Todos/as aquellos/os que poseen un cargo de elección popular nutren su legitimidad democrática del consentimiento del pueblo y no de la ostentación de creencia religiosa alguna. Por ello deben tener presente que la constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico como lo expresa la misma en su artículo 7 sin darle cabida a fundamentalismo alguno que busque la imposición de ideas dogmaticas religiosas, que favorezcan a los diferentes grupos religiosos.
En nuestros días podemos ver cómo muchos de “los progresistas” sigue colocando en censura una pluralidad de temas, primordialmente los relacionados a la sexualidad, para no confrontarse con sus principios moralistas, con los poderes de su iglesia y de los fundamentalistas religiosos, sin importarles incluso que con sus actuaciones se esté atentando contra de los derechos humanos.
Es insostenible en una democracia, el uso de argumentos, símbolos religiosos o dogma de fe, aunque fueran creídos por la totalidad de los ciudadanos/as, para imponérselos al resto de la sociedad, como decisión política para detener el avance de los pueblos a mejores condiciones de vida.
Cuando la clase política pierda el miedo a enfrentarse a los abusos y controles de los poderes religiosos, quienes pretenden ser los tutelares de la moral pública, poseeremos mayores posibilidades para ejercer nuestras libertades, e integrarnos más como país…cuando los fundamentalistas religiosos abandonen la costumbre de pasarle factura al estado que es de todos/as, estaremos ante una mejor posibilidad de vivir libremente en un estado laico.
El desarrollo de la sociedad debe expresarse en nuevas políticas vertientes de la libertad: de conciencia, de pensamiento, de expresión política, de tránsito, de asociación, de elección, de orientación sexual, de identidad de género, de culto entre otras…y todas estas corrientes de la libertad que convergen en la laicidad.
El término laico es muy cercano al de “soberanía popular” y no se opone a lo religioso sino a lo teocrático -gobierno en nombre de Dios- y al autoritarismo de los diferentes dogmas de fe que intentan imponer los fundamentalistas religiosos como verdades universales para todos/as.
Ser “laico” muestra un punto de vista, una posición que se basa en independencia de toda creencia religiosa. De aquí surge más que nunca la necesidad de avanzar como un “estado laico”, lo que implica que las religiones se sometan a las leyes comunes, en ese sentido es importante revisar los privilegios tributarios, educativos y la influencia negativa que estas tienen con sus dogmas en los avances legislativos y sociales propuestos en los últimos años, donde la participación de la jerarquía de la iglesia católica y los demás fundamentalista religiosos inmersos en todos los órganos de Poder Público Nacional retrasan, suprimen y restringen la inclusión social de diversos sectores, históricamente marginados, discriminados y sometidos a sus intereses.
Un estado laico no debe reconocer a ninguna religión, son los creyentes los que deben hacerlo y por ello el artículo 59 de la constitución nacional reconoce la libertad religiosa, sin que ello implique, por supuesto que persona alguna pueda invocar sus creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni impedir a otro/a el ejercicio de sus derechos.
Consideramos que este principio debe ser tenido muy en cuenta por los diputados/as de la Asamblea Nacional a la hora de legislar, principalmente en materias vinculados a la sexualidad humana, derechos sexuales y derechos reproductivos, el reconocimiento de los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, las relaciones de parejas, las diversas formas de familia sean parentales, homoparentales, monoparentales, nucleares, la igualdad y equidad de género, entre otros temas sobre los cuales aun nuestros poderes públicos tienen una deuda social a la que deben responder y que son libertades trascendentales de las personas que conllevan derechos ciudadanos y compromisos estatales para su ejercicio…
Todos/as aquellos/os que poseen un cargo de elección popular nutren su legitimidad democrática del consentimiento del pueblo y no de la ostentación de creencia religiosa alguna. Por ello deben tener presente que la constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico como lo expresa la misma en su artículo 7 sin darle cabida a fundamentalismo alguno que busque la imposición de ideas dogmaticas religiosas, que favorezcan a los diferentes grupos religiosos.
En nuestros días podemos ver cómo muchos de “los progresistas” sigue colocando en censura una pluralidad de temas, primordialmente los relacionados a la sexualidad, para no confrontarse con sus principios moralistas, con los poderes de su iglesia y de los fundamentalistas religiosos, sin importarles incluso que con sus actuaciones se esté atentando contra de los derechos humanos.
Es insostenible en una democracia, el uso de argumentos, símbolos religiosos o dogma de fe, aunque fueran creídos por la totalidad de los ciudadanos/as, para imponérselos al resto de la sociedad, como decisión política para detener el avance de los pueblos a mejores condiciones de vida.
Cuando la clase política pierda el miedo a enfrentarse a los abusos y controles de los poderes religiosos, quienes pretenden ser los tutelares de la moral pública, poseeremos mayores posibilidades para ejercer nuestras libertades, e integrarnos más como país…cuando los fundamentalistas religiosos abandonen la costumbre de pasarle factura al estado que es de todos/as, estaremos ante una mejor posibilidad de vivir libremente en un estado laico.
*Yonatan Matheus
Director General de Venezuela Diversa A.C.
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